Delito fiscal: ¿Qué es exactamente?

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La Constitución española establece como una de las obligaciones de los españoles el contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de forma acorde a su capacidad económica, a través de un sistema tributario basado en los principios de igualdad y progresividad.

Esto implica que todos estamos obligados al pago de impuestos, pero como no todo el mundo está dispuesto a cumplir con dicha obligación, se han regulado en nuestro ordenamiento jurídico una serie de medidas para que aquellos que incumplen la ley sean sancionados por ello. Es aquí donde surge la diferenciación entre infracción tributaria y delito fiscal.

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¿Qué es la infracción tributaria?

La infracción tributaria es aquella acción que se comete de forma voluntaria e intencionada con el objetivo de alterar la deuda tributaria. Por ejemplo, usar facturas falsas o utilizar a personas o entidades interpuestas para ocultar una determinada ganancia patrimonial.

¿Qué es el delito fiscal?

El delito fiscal es aquel en el que se defrauda a la Hacienda Pública, al igual que en el caso de la infracción tributaria. El delito fiscal y su importe por evitar pagos debe ser de 120.000 euros o más.

Es decir, si la conducta dolosa para defraudar a Hacienda afecta a una cantidad inferior a los 120.000 euros, estamos en presencia de una infracción tributaria. Sin embargo, si la cantidad defraudada es de 120.000 euros o más, se trata de un delito.

El delito fiscal está tipificado en el artículo 305 del Código Penal, que sanciona la conducta de toda aquella persona o entidad que, por acción u omisión, eluda el pago de tributos, el pago de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener y el pago de ingresos a cuenta. También se tipifica como delito fiscal la obtención de devoluciones o beneficios fiscales de forma indebida. Siendo requisito indispensable en todos estos delitos que la cuantía supere los 120.000 euros.

Las consecuencias del delito fiscal y la infracción tributaria

En el caso de infracción tributaria, el hecho se suele sancionar con el pago a Hacienda de la cantidad defraudada más unos intereses que serán mayores o menores en función de si la infracción se considera leve, grave o muy grave.

Tratándose de un delito fiscal, las penas que se pueden llegar a aplicar incluyen prisión de 1 a 4 años, multa de entre el 100 % y el 600 % de la cantidad defraudada y, en algunos casos, la pérdida temporal del derecho a obtener subvenciones e incentivos fiscales o de Seguridad Social.

Las penas se impondrán en su grado máximo si se ha utilizado a personas interpuestas para cometer el delito o si la defraudación se considera extremadamente grave, en atención a la cantidad no pagada en concepto de impuestos o si existe una organización estructurada para la comisión del delito.

El inicio y tramitación de un procedimiento penal contra un sujeto por haber cometido presuntamente un delito fiscal no impedirá que la Administración Tributaria lleve a cabo por su parte las actuaciones que estime necesarias y que vayan dirigidas a conseguir el cobro de la deuda tributaria.

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